AgroNegocios.- ¿Cuáles son las prioridades de su Departamento durante la presidencia semestral del Consejo de la UE?

Isabel Bombal.- Dentro de la Dirección General, la prioridad a desarrollar es la competitividad de la industria agroalimentaria, tanto en relación con el grupo de Alto Nivel de Competitividad, como con la Comunicación de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la cadena agroalimentaria. Y, a partir de ahí, todos los aspectos colaterales, pero muy directamente implicados como las relaciones de los aspectos de Competencia, la coherencia entre la legislación agroalimentaria y Competencia, el modelo europeo de producción agroalimentaria y la reciprocidad frente a los productos que vienen de fuera en un mercado globalizado y cómo podemos exportar...etc.

Hay otras líneas que no dependen sólo de nosotros, sino de otras autoridades competentes, pero que son también muy importantes, como todo lo relacionado con el etiquetado, la información al consumidor, la publicidad...que están en el ámbito de Salud (SANCO), pero donde también somos co-proponentes de la postura española que queremos impulsar.

Luego, aspectos generales, ya no de propuestas legislativas que vaya a haber, como la política de calidad de los productos agrícolas, que sigue siendo una de las bazas fundamentales. Por el parón de la Comisión Europea no va a haber propuestas legislativas, pero sí que las vamos a desarrollar conjuntamente con la CE y el Parlamento Europeo, junto todos los aspectos sobre internacionalización, comunicación, visibilidad, mejora de la formación, crecimiento del tamaño y de la profesionalización de la industria.

AN-. ¿Qué valoración hace de las ideas propuestas en la Comunicación de la CE de 28 de octubre pasado para impulsar la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria?

I.B.- Como punto de partida la Comunicación es positiva. Siempre es bueno que el propio Colegio de Comisarios reconozca la existencia de desequilibrios en la cadena de valor, cosas que hay que mejorar, y la existencia de eslabones débiles también. A partir de ahí, evidentemente, se debe profundizar en muchos aspectos y seguir mejorando.

Muchos de los instrumentos que plantea la CE a nivel europeo, ya los estamos desarrollando a nivel nacional. Caso del Observatorio de Precios, los estudios de la cadena de valor o un código de Buenas Prácticas de el ámbito de la cadena. Lo que queremos, tras habernos reunido con responsables técnicos comunitarios (D.G. Interprise, Competencia, Ecofin), es que estos instrumentos se tomen como base y punto de partida para una armonización comunitaria.

AN. Todo esto está bien para ver y observar qué sucede, pero la impresión que tiene el sector agrario y agroalimentario es que se tarda mucho en adoptar decisiones con peso legal aquí y en Bruselas.

I.B.- En el ámbito comunitario se ha ido lento, pero también por las circunstancias de la disolución de la Comisión y por ir renqueando con las posiciones finales. De hecho, nos sorprendió que pudiera salir la Comunicación del equipo saliente y que se mojase tanto el Colegio de Comisarios. No sé muy bien hasta dónde llegaremos con el Observatorio de Precios comunitario. Desearía que fuese el modelo nacional, porque dentro de éste también queremos dar el paso de diagnosticar y realizar propuestas legales, adoptar decisiones.

Con este planteamiento, nos gustaría que finalmente fuese así y hubiese también propuestas a nivel comunitario, a partir de diagnósticos del Observatorio de Precios comunitario, tanto desde el punto de vista legal, como de las iniciativas que sean: de autorregulación, de compromisos o de directrices. Para eso todavía queda tiempo, porque primero hay que desarrollar el mecanismo para que funcione el Observatorio comunitario.

AN.- En el plano interno, ya que esos mecanismos están ya más o menos en marcha, ¿qué medidas se van a tomar, cuándo y sobre qué base legal?

I.B.- Lo más difícil para arrancar ha sido tener clara la metodología de trabajo en los distintos estudios y de análisis de precios de los alimentos que se están realizando, y que todo el mundo estuviese conforme. A partir de ahí, ya comuniqué la intención de dar un paso más en el Observatorio y no quedarnos en el ámbito contemplativo y proponer medidas a partir de lo que ya tenemos en el próximo Pleno.

Existe un grupo de trabajo creado entre el Ministerio de Industria, MERCASA y nosotros, precisamente también para obtener ideas a partir de los datos con los que contamos para hacer planteamientos que nos permitan finalmente tomar decisiones. Espero que en un futuro próximo podemos empezar a plantear propuestas que al final nos ayuden a mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

AN.- No se va a esperar, entonces, a ver qué es lo que hace Bruselas.

I.B.-Tenemos ya el mecanismo, pero sí, somos flexibles. Queremos influir al máximo en el planteamiento de Bruselas para que se parezca a lo que tenemos. Pero si se diverge por algún motivo en el que podamos ir profundizando, no tenemos ningún inconveniente para cambiar nuestro modelo y asemejarlo al de Bruselas. Mientras tanto, seguiremos trabajando en paralelo y proponiendo medidas con nuestro modelo.

AN.- De hecho, existen críticas desde el sector productor sobre el análisis de la cadena de valor de algunos productos en el Observatorio, al no haberse calibrado suficientemente los costes de producción en el primer eslabón primario. ¿Se va a actualizar todo esto?

I.B.: El problema está en cómo medir esos costes de producción. Sí que se está teniendo en cuenta, no sólo en este ámbito del Observatorio de Precios, sino en general en la filosofía que intentamos de defender ante las distintas Administraciones y autoridades que tienen algo que ver con esto.

En la propia Jornada de Competencia, en el planteamiento del MARM para explicar las singularidades y la situación del sector agrario, una de las bases fue precisamente ésta: intentar lograr una remuneración justa para el sector productor. Simplemente, lograr que se considere que la actividad de los agricultores y los ganaderos es una actividad profesional, que tienen que cobrar por trabajar, no pagar por trabajar.

Esos costes son los que hay que valorar muy bien para poder determinar cual es esta remuneración justa, a partir de la cual se puede empezar a establecer la cadena de valor, teniendo en consideración la materia prima en sí o el producto agroalimentario.

AN.- ¿Se va a incluir la medición de estos costes de producción en los estudios sobre la cadena de valor agroalimentaria?

I.B.- No sé todavía cómo lo vamos a incluir en la metodología de análisis, pero se está teniendo en cuenta en toda la filosofía. Habrá que pactarlo y ver si hay alguna posibilidad de modificar esta metodología para considerarlo. Primero, hay que ver cómo se miden (hay distintos costes, distintas zonas, distintos productos) y después analizar si se pueden incluir, sin distorsionar los valores objetivos que tenemos. Es complicado, pero los estamos estudiando.

AN-. Se avanza también en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Comerciales (ya hay uno firmado entre FIAB y Asedas), pero también existen ciertas dudas sobre que este método, que se basa en la adscripción voluntaria y en la confianza entre las partes, cuando es esto último lo que más se echa en falta, y más en este momento de crisis. ¿De qué sirven este tipo de códigos si luego no son realmente efectivos?

I.B.- Creo que los códigos de buenas prácticas o de autorregulación pueden servir de mucho, siempre y cuando se hagan bien y realmente haya un compromiso entre las partes, tanto desde el punto de vista psicológico de la cadena, como desde un punto de vista operativo. Sin embargo, ni la Comisión, ni nosotros nos cerramos a que haya modificaciones legislativas.

Como primer paso, es importante buscar estos acuerdos y después ver en qué marco se mueven. Si es solamente en el marco del compromiso voluntario o si es necesario trasladarlo a alguna modificación legal tanto a nivel comunitario, (véase Directiva de Morosidad, en la que también se trabaja actualmente), como en el plano nacional, bien porque se incumplen, o bien porque no se genera la seguridad jurídica suficiente para el eslabón más débil, sobre todo para el sector productor. De hecho, estamos ya analizando con el Ministerio de Industria el paquete de medidas legislativas que habría que tocar o modificar para intentar buscar al final ese equilibrio global de la cadena agroalimentaria.

AN: ¿Qué va a ocurrir con las propuestas de mejora de las relaciones contractuales y de fomento e impulso de las interprofesionales, que inicialmente se habían incluido en el Borrador de la Ley de Economía Sostenible y que al final salieron de allí?

IB:-Lo importante es que salgan adelante, al margen de cuál sea el marco jurídico. Tanto la modificación de la Ley que regula las Organizaciones Interprofesionales, como de la normativa sobre contratos tipo agroalimentarios o de otras disposiciones legales estaban planteadas dentro del anteproyecto de la LES, porque pensamos que encajaban ahí por la sostenibilidad que queremos imprimir a la cadena a todo un sector productivo, y porque era la oportunidad para impulsarlo con rapidez.

Las propuestas se incluyeron en el borrador, pero finalmente el Gobierno decidió que prefería hacer legislaciones específicas nuevas y no modificaciones de las ya existentes en la LES. Se extrajeron de ahí y se vuelto a incluir en el anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria para que al final salga como uno de los capítulos claves de esta normativa.

Existe ya un borrador interno de anteproyecto de ley para circularlo con vista a las consultas pertinentes de CC.AA, sectores implicados, resto de Ministerios y demás. Se trata de una normativa necesaria y demandada por el sector. Creo que un ejercicio de responsabilidad política por parte de todos sería intentar sacarla adelante en el curso de la actual legislatura.

AN-. ¿Por qué no funcionan, como deberían, tanto la mayor parte de las organizaciones interprofesionales, como las relaciones contractuales agroalimentarias entre las partes?

I.B.: Hay que matizar. Existen más de 25 OIAs reconocidas. De ellas, las hay que no funcionan o que no lo hacen lo bien que deberían, pero otras están funcionando muy bien, como, por ejemplo, y por citar algunas sin ánimo de excluir a ninguna, la Interprofesional del Aceite de Oliva, INPROVO o Interaceituna. Las que no funcionan, no lo hacen por muchos motivos. En algunos casos, por falta de convicción del propio sector. Para que funcione se lo tienen que creer, comprometerse, aportar y tener unos objetivos comunes. Muchas veces lograr esos objetivos comunes entre las distintas ramas de un sector es complicado y, al no conseguirlos, no pueden funcionar. A veces también es por falta de cultura, de madurez o de iniciativa.

También estamos tratando de impulsar las OIAs, más ahora, en un momento en el cual realmente se están produciendo cambios importantes en la política agroalimentaria. Las impulsamos, ayudándolas para que su funcionamiento resulte positivo, siempre dentro del marco de Competencia y de la legalidad, y para que puedan tener oportunidades de seguir adelante y cumplan los objetivos para los que fueron creadas.

AN.- ¿Cómo ha reaccionado el MARM ante noticias recientes en las que la CNC abre expediente sancionador por supuestas prácticas restrictivas de la competencia a determinadas OIAs, asociaciones agroalimentarias o empresas?

I.B.-.: Hay casos muy diversos en cuanto a los expedientes sancionadores que se han abierto, se han anunciado o, en algunos casos, se ha resuelto. Nuestro planteamiento está claro. Yo no puedo pronunciarme por los casos anteriores a mi llegada a este departamento, pero ahora el compromiso de la propia ministra en las mesas de negociación con el sector es claro y transparente, al reiterar en varias ocasiones nuestro deseo de acercar la legislación agroalimentaria a la legislación de Competencia, buscando espacios comunes en los cuales las OIAs y las asociaciones agroalimentarias puedan funcionar, avanzar y defender sus intereses.

Me parecería imprudente pronunciarme con carácter general sobre los diversos expedientes abiertos o en marcha, porque sobre cada uno de ellos se podría hablar extensamente. Pero está claro que se ha producido también un cambio en la relación con Competencia y que ellos mismos son conscientes de la situación singular y específica del sector agroalimentario, como sector estratégico. Ahí sí que estamos trabajando y hemos iniciado una vía de diálogo productiva, en donde queda mucho que hacer y mucha minuciosidad a la hora de establecer los elementos sobre los cuales podemos avanzar con disposición y conjuntamente entre el MARM y la CNC.

AN.- ¿En qué situación se encuentran en relación con Competencia los contratos tipo de compraventa de cítricos, con su índice de referencia, y el contrato tipo de suministro de leche de vaca, homologado por el MARM y publicado en el BOE?

I.B- Son dos casos totalmente diferentes. Hay que distinguir entre contratos tipo homologados, publicados en el BOE, que son absolutamente legales, en el caso de la leche, y acuerdos en base a contratos tipo, que van más allá de los contratos y que son los que pueden tener problemas. Los primeros son totalmente legales y no están en absoluto puestos en duda por parte de la CNC, ni de nadie.

En cuanto a los acuerdos, el de la leche va efectivamente por una vía y se está trabajando directamente con Bruselas para estudiar su viabilidad y que se pronuncie al respecto. La CNC dice que respetará lo que diga Bruselas, pero evidentemente quiere tener esa constatación. Además, en el Grupo de Alto Nivel sobre el sector lácteo se está trabajando y avanzando en muchos planteamientos. Por otro lado, los acuerdos en cítricos están en fase de borrador, tanto por parte de la Interprofesional del Limón y el Pomelo, Ailimpo, como por Intercitrus.

La CNC dice que no tiene por qué estudiar con carácter previo, ni revisar los acuerdos que un determinado sector o una OIA adopte, sino que, sólo en el momento en que se hagan públicos, los evaluará, y si los mismos no son coherentes con la legislación de Competencia, decidirá las medidas oportunas. Antes y para evitar esta inseguridad jurídica, venimos trabajando con el sector citrícola para evaluar precisamente si tales acuerdos son viables para su aprobación, colaborando en buscar vías de solución que no creen problemas desde el punto de vista de la competencia.

AN.- ¿Considera que el sector agrario o agroalimentario debe tener un tratamiento específico o diferencial en sus relaciones contractuales respecto a otros sectores en el ámbito de la Competencia?

I.B.: Sí, en el sentido de que es un sector con muchas singularidades. La propia legislación nacional y comunitaria establece posibilidades de excepción, pero hay que ver dónde se hacen. Se pueden realizar en el marco de la OCM Única, con rango de ley, de Real Decreto incluso. Tenemos que estudiar cual es la viabilidad de estas excepciones y justificarlas muy bien.

Entiendo que el sector debe tener un tratamiento específico y ser considerado en su singularidad a la hora de establecer medidas concretas en el marco de la competencia. Lo cual no significa, en absoluto, que por tratarse simplemente del sector agroalimentario pueden llevarse a cabo todas las prácticas de negociación o acuerdo comercial que no están permitidas para el resto de los sectores. Hay que estudiar donde existe un margen de maniobra para trabajar y ver en qué marco legal podemos encajar las excepciones al sector con la justificación pertinente.

AN.- La política de calidad alimentaria en la UE está en fase de revisión. ¿Cuáles son las aportaciones básicas que hizo el MARM en su día al respecto?

I.B.- Se han hecho muchas aportaciones y hemos colaborado mucho con la CE y con la anterior Presidencia para intentar lograr un acuerdo político del Consejo de Ministros que permita una flexibilidad donde nos sintamos cómodos, porque, en principio, hay muchos planteamientos en el Libro Verde sobre Calidad Alimentaria en los que no estamos de acuerdo.

Como líneas generales, está la necesidad de trasladar al consumidor el valor añadido del modelo europeo de producción alimentaria. Este es un aspecto fundamental íntimamente relacionado con todos los aspectos de la política agroalimentaria, con lo que suponen las legislaciones europeas, las más estrictas del mundo, que el legislador comunitario entiende que se hacen por la propia demanda social de los ciudadanos europeos. Y, sin embargo, después, a la hora de pagar por la adquisición de productos, no vemos cómo se refleja esa demanda social o esa preferencia del consumidor por los productos comunitarios.

Lo que queremos primero es trasladar y promocionar correctamente el modelo europeo de producción; que el consumidor sepa cuál es este valor añadido y, después, analizar si le interesa o no. Si no le interesa, probablemente tengamos que replantearnos dicho modelo, porque quizás hayamos legislado de espaldas al ciudadano.

En el ámbito de las normas de comercialización, queremos mantener el sistema actual, no simplificar, aunque sí en aquello que nos permita ser más competitivos, pero manteniendo el carácter diferenciador y una información suficiente al consumidor. En cuanto a las IGPs y a la calidad diferenciada, pedimos un mayor reforzamiento de la protección interna y externa en la Unión Europea.

En el ámbito de la certificación, queremos contar con unas directrices que permitan evitar aspectos certificables que no den al final valor añadido para el consumidor y que, por el contrario, signifiquen un coste adicional para los productores. Es decir, contar con un marco de directrices comunitarias que sea muy interesante y útil para todo el sector.

A.N.- ¿Hasta qué punto es cierto que el consumidor por lo general no distingue un producto alimentario que es seguro, es decir que se elabora bajo unos estándares y unos procedimientos de seguridad determinados, de un producto alimentario de calidad?

I.B.-Sí, es parte de esta falta de esa información hacia el consumidor; de lo que significa el modelo europeo de producción y cada una de las partes de ese modelo. Evidentemente, es necesario avanzar todavía mucho más en esos planteamientos y que el consumidor sepa que todo lo que se comercializa es seguro, pero no todo tiene la misma calidad. Hay que enseñar a distinguir entre calidad intrínseca y extrínseca. Es importante tanto la una, como la otra.

AN.- ¿Todo los productos alimentarios que en España se comercializan bajo el amparo de un marchamo de calidad (IGP, DOP u otras acepciones de calidad...) son, de verdad, productos de calidad?

I.B.- No. Lo que significa un producto amparado por un marchamo de calidad de origen es precisamente que sus características de calidad se deben al origen, a su vínculo al territorio, bien sea en toda la fase de producción, transformación y origen de las materias primas y comercialización, o sólo en alguna de ellas si es IGP.

No significa que tenga más calidad que un producto que no esté amparado por estos marchamos. Sin embargo, lógicamente, sí que están sometidos a unos procesos de control dentro del propio ámbito de la figura de calidad que sí les dan unas características de calidad que están en el propio pliego de condiciones de cada figura.

Por tanto, no queremos que el consumidor confunda calidad con vínculo al territorio. Entendemos que los productos amparados por una figura de calidad, vinculada al territorio, sí tienen una calidad muy buena y, de hecho, son la punta de lanza para abrir mercado en el exterior al resto de productos que también tienen una calidad estupenda, pero que no están amparados por estas figuras o marchamos.

AN. ¿Es posible asegurar la calidad a través de entidades certificadoras, que son pagadas precisamente por los mismos que quieren asegurar esa calidad?

I.B.- Es posible, porque las certificadoras no funcionan únicamente bajo los criterios de sus clientes, que les pagan, sino que están obligados en su funcionamiento por unos criterios de control de calidad hacia sí mismas muy estrictos. Las certificadoras tienen que estar acreditadas y supervisadas por el control oficial de las comunidades autónomas y, al respecto, responder a una serie de elementos objetivos, no subjetivos, no solamente de sus clientes, sino también de quienes les controlan a ellos. Por tanto, entiendo que el consumidor tiene garantías cuando existe un control por un organismo independiente del propio sistema elaborador.

AN.-Pero podrá tener un control del proceso de elaboración del producto, pero no de la calidad del mismo.

I.B.-Es que son cosas diferentes. Depende de lo que estemos hablando, pero lo que certifica una entidad certificadora es que su cliente tiene diseñado el proceso productivo correcto para obtener los productos de calidad adecuados.

Por encima de eso, el control de calidad del propio producto sigue estando supervisado bajo la tutela de la autoridad competente del control oficial de cada Comunidad Autónoma. El control de una entidad de certificación no sustituye al control oficial que pueda tener cada producto, aunque no esté amparado por el control de un tercero independiente. Creo que es un conjunto que le da todavía más seguridad al producto, sin que una cosa quite a la otra.

AN.-En el ámbito de etiquetado alimentario, ¿cuál es la postura del MARM sobre etiquetar en origen productos que aún no lo están, por ejemplo el lácteo, al igual que se ha hecho con otros, como el aceite de oliva?

I.B.-El MARM lo que defiende en principio es la coherencia y el mantenimiento de la unidad a nivel comunitario. Hoy por hoy no es obligatorio con carácter general el etiquetado de origen. Lo que no nos gustaría es tener una directiva, que dentro de poco será un reglamento de información de etiquetado al consumidor, y después que existan medidas nacionales que distorsionen la armonización en toda la UE.

Defendemos mantener la coherencia de la legislación horizontal, siempre que sea igual para todos los Estados miembros, y, luego, un desarrollo reglamentario con carácter sectorial en aquellos sectores en que se considere necesario, bien por control de calidad o bien porque el origen le pueda dar una información adicional sobre la calidad del producto, como ha ocurrido con el aceite de oliva, por ejemplo, y existe también en el caso de las frutas y hortalizas o la miel. Nuestro criterio es analizar sector por sector y desarrollar reglamentariamente el etiquetado de origen en aquéllos en que sea útil, bien para los operadores para evitar competencia desleal, bien para los consumidores para tener más información sobre la calidad del producto.

AN.-¿Qué medidas se plantea el MARM para mejorar la transparencia de la cadena agroalimentaria?

I.B.-Hay que trabajar en varios aspectos. Primero de la mano de la Comisión Europea en el desarrollo de las medidas de la Comunicación de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria; analizar cuáles son las prácticas desleales; ver qué medidas se pueden tomar tanto en el ámbito de la autorregulación, como en el ámbito legislativo nacional y comunitario.

Trabajar estrechamente con el resto de Administraciones implicadas (Competencia y MITyC) e intentar avanzar por el mismo camino para ir hacia el equilibrio no sólo en una parte, sino en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

AN-. ¿Considera que existe bastante desequilibrio entre los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria?

I.B.- Existe desequilibrio y la propia Comisión Europea lo ha reconocido. Lo contrario sería cerrar los ojos. Hay que trabajar para resolverlo en todas las fases de la cadena.

AN.-¿Existe temor en los eslabones más débiles de la cadena, como los proveedores, a denunciar o expresar sus opiniones por las consecuencias adversas que eso puede tener con la distribución con la que mantienen relaciones comerciales o, en su caso, con Competencia?

I.B.- Sí, sí que existe ese temor. Intentamos precisamente que en las negociaciones la representación sea a través de asociaciones o federaciones representativas para que puedan tener voz y voto, y que, a la vez, no sean objeto de ese miedo que sufren las empresas individualmente, cuando hablan a título personal a las posibles medidas que pueden adoptar otros eslabones de la cadena de valor.

AN.- En nuestra sociedad crece la preocupación por la obesidad infantil relacionada con la alimentación de este colectivo de consumidores tan sensible ¿Qué medidas va a impulsar el MARM para afrontar esta problemática?

I.B.-El problema de la obesidad infantil es básicamente un problema que viene abordando el Ministerio de Sanidad y Política Social y, en concreto, la Dirección General de Salud Pública, como especialmente la Agencia Española para la Seguridad Alimentaría y la Nutrición (AESAN). Como nosotros somos miembros de esa Agencia y evidentemente también responsables de alimentación, trabajamos estrechamente, participamos y colaboramos en las iniciativas NAOS (Nutrición, Actividad Física, Obesidad y Salud) y PAOS (Publicidad de la Alimentación para los Niños).

Además, desarrollamos directamente una serie de iniciativas en el ámbito infantil que creemos que son fundamentales para su educación desde el punto de vista alimentario. Al final, esta educación es la que va a hacer que con el tiempo estos niños sean responsables de su propia alimentación y se alimenten de forma correcta y equilibrada.

Entre esas iniciativas tenemos las relativas al Plan de consumo de fruta en los colegios, que se desarrolla con las CC.AA. y que es una iniciativa comunitaria con una doble función: luchar contra la obesidad infantil y fomentar el consumo de frutas y hortalizas. También promovemos la campaña de promoción institucional de consumo frutas y hortalizas para todos los consumidores, que se ha desarrollado en octubre y noviembre.

Hemos desarrollado talleres de educación infantil con la Fundación Dieta Mediterránea para enseñar a los niños a comer correctamente, de manera equilibrada y con un estilo de vida saludable, ligados al ejercicio físico, así como otras iniciativas dentro de un marco global, que ayudan a que los niños poco a poco vayan adquiriendo hábitos saludables de consumo de alimentos.

AN.-Los cocineros y otros prescriptores en el campo de la alimentación vienen anunciando la desaparición en los mercados de algunos productos de calidad, muchos de ellos de origen marino, debido a una oferta escasa que eleva su precio. ¿Causa esto preocupación al Ministerio?

I.B.-El mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda, y no puedes obligar a un consumidor a adquirir determinados productos. En muchos casos, lo que hay que hacer es dar una amplia gama de alimentos, unos más asequibles que otros, y tener la oportunidad de su consumo en función de la disponibilidad económica y de lo que cada uno necesite.

Entonces, si lo logramos y los diferenciamos correctamente, podremos conseguir que el consumidor pueda elegir. Intentar imponer la presencia de determinados productos, simplemente porque si no conseguimos que se consuman de manera voluntaria, van a desaparecer, pues no nos parece adecuado. Como tampoco lo es intentar bajar los precios de manera artificial, porque supondría una competencia desleal con otros productos que hay en el mercado a otro tipo de precios. Por tanto, libertad de mercado, de los productores y de los consumidores para elegir libremente.

AN.-¿ Pero son o no ciertas las quejas de cocineros y prescritotes de alimentos sobre que no encuentran en el mercado ciertos productos de alta calidad, que habitualmente antes eran más fáciles de encontrar y ahora no, porque no son rentables de producir a un precio determinado, sobre todo si se tratan de productos de origen marino?.

I.B.-Pues sí, es posible que sea más difícil encontrar ciertos productos. También es cierto que en muchos casos el problema no es la falta de posibilidad de encontrarlos porque sean muy caros, sino también porque existen una serie de restricciones para pescarlos y ofrecerlos al consumidor, relacionadas con la sostenibilidad del propio medio marino para pescarlos y ofrecerlos al consumidor.

Si hay unas limitaciones, unas cuotas máximas de capturas, unas tallas mínimas y la estacionalidad de pescar y la posibilidad de ofrecer, eso no es un problema de precios, sino una solución para que sigan existiendo esas especies.

El tema es complejo e influyen más cosas, como que determinados productos hayan dejado de ser rentables por precio para quienes los producían, lo que contribuye a la uniformidad de productos que hay ahora en el mercado. Si no es rentable su producción, significa que el consumidor no está dispuesto a pagar lo que valen.

Por tanto, es normal que desaparezcan del mercado. Lo que no podemos hacer es imponer la presencia de determinados productos por añoranza o por tradición, aunque sea una pena su desaparición aun siendo productos de calidad. No podemos intervenir en el mercado para evitar esa situación.

AN.-¿Cómo podría beneficiarse más el sector alimentario del éxito internacional de nuestros cocineros? ¿De qué forma se les podría implicar más a estos profesionales para que llevaran del brazo por todo el mundo nuestros principales productos alimentarios?

I.B.- Creo que ya están bastante implicados. Tenemos la suerte de tener los mejores cocineros del mundo, figuras que, además, son muy mediáticas y que ya están muy concienciados e involucrados con la defensa de nuestros productos, de nuestra gastronomía y de nuestra dieta mediterránea. Para implicarlos aún más, hay que contar más con ellos, y no solamente cuando necesitamos que pongan su imagen, sino con el fin de que se sientan parte de un proyecto.

La gastronomía es una parte fundamental del desarrollo de la política agroalimentaria. Precisamente, porque es la parte más visible, la más atractiva y amable, y la más vendible. Por tanto, tenemos que involucrarles más, hacerles ver que son parte esencial de ese proyecto y que ellos mismos también, de una forma absolutamente voluntaria, se sientan embajadores de esta cultura alimentaria, porque crean en ella y porque vean cuáles son las ventajas de transmitírsela a los consumidores.

AN.-Pero... ¿Cree que se podría hacer mucho más en este ámbito, no sólo llevando nuestra gastronomía al exterior, sino también aprovechando el hecho de que España es uno de los principales destinos turísticos mundiales y donde parece que ahí queda aún mucho por hacer?

I.B.-Sí. Creo que se puede hacer muchísimo más. Una de nuestras principales líneas de trabajo es en impulsar la gastronomía y su vínculo también con el turismo rural de calidad, con los productos locales en origen, con el desarrollo rural, con la forma y el estilo de vida. Desde este punto de vista, se pueden hacer multitud de cosas.

Estamos intentando impulsar, precisamente, con algunos actores, estratégicos también en gastronomía, turismo, desarrollo rural, etc., distintas actuaciones para darle un hilo conductor a todo esto a través de la gastronomía y para el desarrollo de todos estos otros aspectos, que son muy importantes.

Dentro de estas acciones, la información y el vender estilo de vida, en el mejor sentido de la palabra, vinculado a nuestra gastronomía y a nuestra forma de alimentarnos y hasta de vivir. Precisamente, por eso impulsamos también el proyecto de la candidatura de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque es una forma de entender la vida a través y muy vinculada a la alimentación y a la gastronomía.

AN.- Hay iniciativas para extender la cultura exitosa de la tapa por muchos países, igual que han hecho los italianos con la pizza o los japoneses con el sushi. ¿Qué puede hacer el MARM para impulsar este tipo de proyectos en beneficio de los productores españoles?

I.B-. Creo que de la misma manera. La tapa o el tapeo en España es también algo tradicional como una forma de vida, de relación social, de dieta mediterránea muy característica. Se trata de alimentarnos a través de las relaciones sociales y de una actividad social típicamente nuestra. Con lo mismo, con el turismo, con rutas de tapas, de vinos de distinta índole en el marco del turismo enogastronómico; con el desarrollo y el impulso de las tapas de calidad en multitud de certámenes o festivales que proliferan cada vez más en todos los territorios de nuestra geografía. Precisamente, como tapas diferenciadoras de cada lugar donde se desarrollan o de cada estación del año. Por ejemplo, en época de setas. El impulso de todas estas iniciativas es muy importante también para tener una identidad propia en el marco gastronómico.