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El PE defiende el etiquetado del país de origen en los alimentos procesados

Todos los consumidores de alimentos procesados deberían poder ver la procedencia de la carne presente en aquello que están comiendo. Está previsto que en el Pleno de esta semana se vote una propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
en la que se pide a la Comisión que proponga una legislación de la UE para que sea obligatorio el etiquetado del país de origen de toda la carne en los alimentos procesados.

Según la propuesta de Resolución, toda carne que se utilice de ingrediente en un alimento procesado debería ir acompañada de etiquetado del país de origen. Este etiquetado es obligatorio para la carne fresca de vacuno y los productos a base de carne de vacuno desde enero de 2002 debido a la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

En el etiquetado se han de indicar el lugar de nacimiento, el lugar de cría y el lugar de sacrificio.A partir de abril de 2015, la carne fresca o congelada no transformada de porcino, ovino, caprino y aves de corral también deberá llevar una indicación de su origen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

En la etiqueta se ha de indicar el lugar de cría y sacrificio del animal, pero no el de nacimiento. En lo que respecta a la carne picada, se aplica una excepción: dado que esta carne puede tener distintas procedencias, en la etiqueta solo se ha de indicar si los animales fueron criados y sacrificados en la UE o en países de fuera de esta. Del mismo modo, cuando se trate de una mezcla, en el etiquetado se puede informar de ambos orígenes.

Viabilidad del etiquetado obligatorio de la carne procesada

En diciembre de 2013, la Comisión Europea presentó un informe en el que evaluaba la viabilidad y las repercusiones de la indicación obligatoria del país de origen de la carne utilizada como ingrediente.

Según el informe, esta obligación tendría graves repercusiones y podría acarrear un aumento importante en los gastos de explotación de los explotadores de empresas alimentarias (de entre 15-20 % y 50 %) y, por ende, en el precio aplicado al consumidor.

En el informe se concluía que, aunque más del 90 % de los consumidores consideran importante la información sobre el país de origen, no hay voluntad de pagar más: incluso cuando el aumento de precio es inferior al 10 %, la «disposición a pagar» disminuye significativamente, un 60-80 %.

En el informe se plantean otras dos opciones (el etiquetado voluntario y el
etiquetado del origen basado solo en UE / no UE), menos costosas, y se invita al Parlamento y al Consejo a estudiar sus ventajas e inconvenientes.

Diversidad de opiniones

La Comisión ENVI ha aprobado un proyecto de Resolución en el que insta a la Comisión a que dé curso a su informe mediante la elaboración de propuestas legislativas dirigidas a conferir un carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos procesados, que se vota tras un debate con la Comisión
en el Pleno.

En la propuesta se afirma que hay que restaurar la confianza de los consumidores tras los recientes escándalos alimentarios, como el de la carne de caballo en 2013, que hizo tambalear la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria cuando se supo que se había utilizado carne de caballo en lugar de la de vacuno para alimentos procesados, como hamburguesas y lasañas.

Disponer que el etiquetado incluya el origen de la carne utilizada como ingrediente contribuiría a garantizar una mejor trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro alimentario y a aumentar la diligencia en la elección de los proveedores y los productos por parte de los operadores de las empresas alimentarias.

También se pone en duda la incidencia estimada en el precio señalando los resultados de la investigación llevada a cabo por la organización de consumidores francesa Que Choisir, que difieren ampliamente de los cálculos de la Comisión.

No obstante, los que se oponen a esta Resolución señalan que el etiquetado obligatorio no impediría el fraude. Así, por ejemplo, en el escándalo de la carne de caballo, los productos estaban etiquetados como carne de vacuno a pesar de contener carne de caballo.

Lo que en cambio pasaría, según aducen, es que el etiquetado obligatorio del país de origen supondría un incremento considerable de los costes de producción y una carga demasiado onerosa para la industria alimentaria, especialmente las pymes, que constituyen el 90 % de las empresas que operan en el sector de la transformación de la carne en la UE.

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