Agricultura permitirá la plantación de 172 nuevas hectáreas de viñedo en la DOP Cava por un año

El Ministerio de Agricultura  ha fijado en 4.950 hectáreas la superficie que se podrá autorizar para las solicitudes de nuevas plantaciones de viñedo en 2018, a nivel nacional, según la resolución  publicada hoy en el BOE. La resolución aplica a la DOP Cava la misma limitación nacional del 0,52%, y como resultado se establece un límite de 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes del próximo año, que se reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes que pueden darse: nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación (57,4 ha cada una).

Esta resolución se ha dictado al amparo del Real Decreto 772/2017, que regula el potencial de producción vitícola, así como del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

En relación con las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo, el reglamento comunitario establece que deberán suponer anualmente más del 0% y no más del 1% de la superficie plantada de viñedo. En este contexto, la resolución publicada hoy ha fijado un crecimiento, por segundo año consecutivo, del citado 0,52%. Dicha cantidad, según el Mapama, “va a permitir mantener el equilibrio entre los dos objetivos perseguidos por el Reglamento 1308/2013, como son lograr un crecimiento sostenido de la superficie de viñedo y evitar riesgos de oferta excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado”.

También este reglamento permite limitar el crecimiento de la superficie de viñedo en zonas que puedan optar a la producción de vinos con denominaciones de origen protegida (DOP), cuando exista un riesgo claramente demostrado de devaluación significativa de la misma. En este caso, y según el Real Decreto 772/2017, el Ministerio de Agricultura es el responsable de la fijación de limitaciones en el caso de las DOPs supra-autonómicas, habiéndose recibido recomendaciones para esta limitación de los consejos reguladores de las DOPs Cava y Rioja, así como de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja.

Zonas productoras de la DOP Cava, como Extremadura y la valenciana de Requena, aspiraban a conseguir mayores plantaciones de viñedo, frente a las pretensiones del Consejo Regulador, que quería dejar a cero estas nuevas plantaciones en los próximos tres años. El conflicto creado entre estas zonas productoras y el CRDOP se había recrudecido en los últimos meses, tal es así que el Mapama se vió obligado a retrasar su decisión para analizar la situación creada con mayor detalle.

En el caso de la DOP Rioja, por tercer año consecutivo se establecen limitaciones basadas en la evolución de las ventas de vino de esta denominación. Así, se ha fijado en un 0,1% la superficie para nuevas plantaciones, mientras que no se han autorizado replantaciones ni conversiones de derechos.

De igual forma, la resolución publica la puntuación otorgada por cada comunidad autónoma a las explotaciones pequeñas y medianas que tendrán prioridad en el acceso a nuevas plantaciones. Se trata de un nuevo criterio de prioridad para los solicitantes de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo que fue introducido por el Real Decreto 772/2017 y que se aplicará por primera vez a las solicitudes de nuevas plantaciones en 2018.

Este criterio permitirá, además de priorizar aquellas pequeñas y medianas explotaciones con mayor interés en cada una de las comunidades autónomas, incrementar el número de grupos de prioridad, reduciendo el número de solicitudes admitidas parcialmente (es decir, solicitudes sujetas a prorrateo), en beneficio de solicitantes y administraciones.

Recurso de Extremadura

Las organizaciones agrarias nacionales han valorado la prudencia del Gobierno a la hora de establecer el potencial productivo para 2018, pero arrecian las críticas desde los territorios del cava no catalán, como Extremadura o Comunidad Valenciana, que querían expandir sus viñedos bajo esta DOP.

El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez ha destacado que “la cantidad aprobada a nivel nacional viene a satisfacer la demanda que hay”, aunque “somos partidarios de que las bodegas puedan tener también acceso”.

En ámbito regional, según Benítez, “entendemos que se deben respetar, a priori, los acuerdos que haya territoriales, de las interprofesionales o de consejos reguladores si están bien tomados, son válidos y están de acuerdo los sectores”.

Para el responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, la resolución “continúa en la línea” de moderación desde que se instauró el nuevo sistema de autorizaciones de nuevos viñedos en España y en toda la Unión Europea, que sustituye al antiguo régimen de derechos de plantación vigente en el pasado.

El Mapama, a su juicio, se decanta por una solución intermedia, que permite estudiar las necesidades del sector, que tiene también en cartera antiguos derechos que pueden convertir en autorizaciones. Asaja consideraba “lógico” fijar el porcentaje en torno al 0,40 o 0,50 %, si bien la decisión del Mapama (0,52 %) les contenta.

Para el responsable de COAG, Joaquín Vizcaíno, el Ministerio “ha recogido el sentir mayoritario del sector del vino”. Vizcaíno ha apuntado que las organizaciones agrarias y una parte del sector industrial elaborador había expresado al Gobierno, durante el proceso de consultas, la necesidad de evitar incrementos excesivos del potencial, como así ha ocurrido finalmente.

“Se ha adoptado la decisión para un año, 2018; y el próximo volveremos a decidir”;, por tanto, en función de la evolución del mercado, el sector recomendará los futuros porcentajes, ha añadido.

El responsable del sector de UPA, Alejandro García Gasco, ha valorado que “se haya tenido en cuenta nuestra demanda”.
Para García Gasco, “hay que ser precavidos” con la autorización de nuevos viñedos, a pesar del incremento de consumo y la reducción de producción europea de este año, para evitar que se repitan ejercicios pasados con campañas excesivas y problemas de excedentes.

“Estamos contentos con la decisión del Ministerio”, ha señalado el portavoz de UPA, tras valorar que se trata de un sistema “útil” para el necesario control de la producción y para establecer criterios de prioridad entre los beneficiarios de las concesiones.

Sin embargo, esta decisión no ha gustado en territorios no catalanes de la DO cava, con aspiraciones a crecer más.

De hecho, la consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha anunciado hoy la presentación de un recurso de alzada ante la decisión del Gobierno para la DOP Cava, ya que “es muy negativa para la región”.

La consejera ha manifestado su oposición “frontal y absoluta” ante esta limitación y ha afirmado que, de denegarse el recurso, la Junta presentará otro contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Unión Extremadura (marca regional de La Unión de Uniones) ha lamentado, en este sentido, que el Mapama restrinja el aumento de la superficie de cava en España, cuando “solo Almendralejo tiene un potencial de crecimiento de 6.600 hectáreas”.

COAG-Comunidad Valenciana ha apuntado, desde Requena, que la decisión deja fuera de autorización a la mayor parte de las 450 hectáreas de nuevas plantaciones comprometidas en el plan de reestructuración que finaliza en 2018 en esta Comunidad. Estos titulares no podrán inscribir sus plantaciones en la DO Cava pese a haber comenzado ya los trabajos, ha argumentado.

ResPlantViñ2018


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