Acuerdo para elaborar y desarrollar una Estrategia nacional frente al despoblamiento del medio rural

La Conferencia de Presidentes de las CC.AA., con la presencia de todos, menos Cataluña y País Vasco, acordó este 17  de enero un acuerdo para impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos.

Además, acordaron que el Gobierno elabore y desarrolle en el presente 2017, con la colaboración de las CC.AA., las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

En dicha Estrategia habrán de considerarse las conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España (creada en el seno de la Comisión de Entidades Locales del Senado), las propuestas y recomendaciones de la Comisión Especial del Estudio del Senado sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña y, en su momento, las que emanen de la Comisión Especial de Estudio sobre la evolución demográfica, cuya creación, también en el Senado, ha sido recientemente acordada.

Tendrán también en cuenta los trabajos del Foro de Regiones españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) y el dictamen del Pleno del Comité de las Regiones, así como aquellos otros que puedan aportar las distintas Administraciones autonómicas.

Tanto el Gobierno, como las CC.AA.y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, en la medida de sus posibilidades, defenderán ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que las políticas de la Unión tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos demográficos que, en la mayoría de los aspectos, son comunes a todos los Estados miembros.

El texto del acuerdo pone de manifiesto que la pérdida de población que registra España afecta con especial intensidad a algunos territorios, debido a su mayor grado de envejecimiento, ruralidad o dispersión, pero con efectos en todas las Comunidades Autónomas.

Algunos presidentes autonómicos, como el de Aragón, Javier Lambán,  abogó en dicha Conferencia por un sistema de financiación autonómica vinculado al coste efectivo de la prestación de servicios, que tenga en cuenta a las zonas despobladas, con una elevada dispersión, con una población envejecida y con una orografía que encarece los mismos.

Lambán puso el ejemplo de que el gasto farmacéutico en la Comunidad de Aragón es un 14% superior a la media española y que una plaza escolar en un pueblo de Teruel cuesta una media de 5.500 euros al año, mientras que  en un núcleo urbano el coste es de 3.000 euros. Por eso, añadió Lambán “abogamos por un sistema de financiación en el que se calcule el coste efectivo en la prestación de servicios para que una persona que vive en Madrid tenga los mismos servicios que una persona que reside en Gúdar-Javalambre”.

 La Conferencia de Presidentes acordó otros asuntos con repercusiones en el sector agrario y agroalimentario, y el medio rural como el desarrollo y  aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, Administración Digital y Empleo Público, sobre el desarrollo de la participación de las CC.AA. en los asuntos de la Unión Europea; sobre la necesidad de un Pacto de Estado sobre Educación, etcétera.


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